“Si uno acepta que en general los servicios sociales deben prestarse con base en la capacidad de pago, uno tiene la opción de dos principios opuestos aunque no necesariamente excluyentes— o tenemos impuestos progresivos y servicios gratuitos, o los pagos de los servicios incluyen el costo de los mismos para quienes no pueden pagar. El primer método es más apropiado, en mi opinión, para países ricos y desarrollados, donde el principio de progresividad impositiva puede ser aplicado sin demasiadas consecuencias negativas económicas y sociales, y los desperdicios inherentes en la prestación de servicios gratuitos y plenos se pueden costear. En países menos avanzados y más pobres, donde ni la economía ni la sociedad está preparada para impuestos progresivos y el desperdicio no puede ser tolerado, la reducción o exención de pagos en caso de necesidad me parece claramente la opción más apropiada.”

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