“Desde la Restauración democrática de 1978, y hasta el presente día, los sucesivos partidos de Gobierno, con alguna excepción, se han visto implicados en acciones delictivas susceptibles de vulnerar la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos, en su artículo 10, apartados a y b. Y, en su consecuencia, haber estado inmersos en un proceso de disolución o suspensión judicia”

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